Protección, Prevención y Respuesta

La Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) aplica a cualquier entidad que realice actividades habituales con personas menores de edad en España. Para un club deportivo, las obligaciones principales son:

• Designar un Delegado de Protección de la Infancia con funciones activas y específicas.
• Verificar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de todo el personal en contacto habitual con menores, antes de la incorporación y de forma periódica.
• Elaborar e implementar un Protocolo de Prevención y Actuación frente a la violencia, con mapa de riesgos y normas de convivencia documentadas.
• Garantizar formación inicial y continua de todo el personal sobre detección precoz y actuación ante situaciones de abuso.
• Disponer de un Canal de Comunicación y Denuncia interno, confidencial y accesible.
• Adoptar Códigos de Conducta específicos para situaciones de riesgo: vestuarios, traslados, pernoctas, comunicación digital entre adultos y menores.

Sí. La ley no establece umbrales de tamaño, socios, presupuesto ni nivel competitivo. El criterio es uno solo: que la entidad realice actividades habituales con personas menores de edad.

Esto incluye clubes de fútbol de barrio con categorías infantiles, escuelas deportivas municipales, asociaciones de actividades extraescolares, academias privadas, centros de tecnificación y organizadores de campamentos deportivos.

Un club con 30 niños en su escuela de iniciación tiene exactamente las mismas obligaciones de fondo que uno con 500.

El Delegado de Protección de la Infancia es la figura que la LOPIVI exige que toda organización con menores designe de forma expresa. Sus funciones son: ser punto de referencia para menores, familias y personal; recibir y gestionar comunicaciones sobre situaciones de riesgo; coordinar con servicios sociales y fuerzas de seguridad; supervisar que el protocolo se aplica correctamente.

La ley no exige una titulación específica cerrada, pero sí formación adecuada. Puede ser cualquier persona de la organización que reúna: disponibilidad real, formación en protección infantil y confianza de la organización y los menores.

La figura debe ser operativa, no simbólica.

La obligación proviene de dos normas: la LOPIVI (art. 31 y ss.) y la Ley 2/2023 de protección del informante (transposición de la Directiva europea de whistleblowing).

A fecha de 2025-2026, la obligación ya es exigible para la práctica totalidad de las organizaciones que trabajan con menores, independientemente de su tamaño, en virtud de la LOPIVI.

La verificación del certificado negativo del REXSEX es una obligación legal expresa de la LOPIVI. Debe realizarse antes de la incorporación, periódicamente durante la relación, y para todo el personal: remunerado, voluntario, becario, en prácticas.

La responsabilidad de solicitarlo recae en la organización, no en el trabajador.

• Sanciones administrativas: desde infracciones leves (multas desde 1.000 €) hasta infracciones muy graves (hasta 600.000 €).
• Consecuencias institucionales: inhabilitación para recibir subvenciones públicas y posible vinculación de licencias federativas al cumplimiento acreditado.
• Responsabilidad penal personal: los responsables de la entidad (presidente, junta directiva) pueden afrontar consecuencias penales individuales si la organización no tenía los sistemas mínimos exigidos por la ley.

Además, el daño reputacional en la era de las redes sociales puede ser devastador e irreversible.

Sí. El derecho penal español reconoce la responsabilidad penal individual de las personas físicas que dirigen una organización cuando esa organización ha incumplido obligaciones legales que habrían podido prevenir el daño.

En varios países de nuestro entorno (Reino Unido, Alemania, Francia) ya se han producido condenas penales a directivos deportivos por negligencia institucional en materia de protección de menores. En España, la doctrina judicial avanza en la misma dirección.

Sin protocolo de comunicación de crisis, la respuesta improvisada suele empeorar la situación: declaraciones contradictorias, negación prematura, falta de empatía con la víctima, sensación de encubrimiento.

Un sistema de salvaguardia bien implantado incluye el componente de gestión de crisis: quién habla, qué se dice, a quién se informa primero y cómo se protege a la víctima en ese proceso.

• Confianza de las familias: un club con un sistema activo de protección genera confianza diferencial.
• Mejor cultura interna: equipos técnicos con protocolos claros y canales abiertos reportan mayor satisfacción laboral y menor conflictividad.
• Reducción de conflictos: muchos conflictos entre familias y club se gestionan mejor cuando existe una figura de referencia y un protocolo.
• Acceso a subvenciones: la salvaguardia es criterio valorado —y en algunos casos exigido— en convocatorias públicas.
• Tranquilidad directiva: en caso de incidente, se puede demostrar que se actuó con debida diligencia.

La confianza no se declara, se demuestra. Y se demuestra con sistemas visibles, personas identificadas y procesos transparentes. Un club que afronta los riesgos de forma proactiva no solo protege a sus menores: se posiciona de forma diferencial en un mercado donde la captación de jóvenes deportistas es cada vez más competitiva.

Sí. Un club que puede comunicar claramente que «aquí tu hijo o hija está seguro/a, que tenemos protocolos, personas responsables y canales abiertos» está ofreciendo algo que muy pocos clubes de base pueden mostrar todavía.

En el deporte de élite y semiprofesional, la salvaguardia empieza a ser criterio de fichaje. Algunas familias de talentos jóvenes preguntan explícitamente por las políticas de protección del club antes de firmar un acuerdo de incorporación.

El movimiento de salvaguardia en el deporte europeo ha sido liderado principalmente por el Reino Unido, donde la normativa en child protection es más antigua y el escrutinio público más intenso. La FA fue de las primeras en establecer sistemas obligatorios. El Club Safeguarding Officer es hoy un rol estándar en cualquier club inglés con categorías juveniles.

En el ámbito internacional, UEFA, FIFA y el COI han impulsado programas como FIFA Guardians o el Safe Sport Program. En España, la LOPIVI sitúa a nuestro país en la vanguardia normativa europea, aunque la implementación efectiva todavía es desigual. Los clubes que se adelantan no solo cumplen la ley: se posicionan como referentes en un sector en plena transformación.

Plano directo: El ayuntamiento es responsable de cualquier actividad deportiva con menores que organice directamente. Si hay escuela de natación municipal, campus de verano o actividades extraescolares del consistorio, tiene exactamente las mismas obligaciones que un club privado en virtud de la LOPIVI.

Plano supervisor: Como titular de instalaciones deportivas y cedente de espacios públicos, el municipio tiene responsabilidad de supervisión sobre las entidades que operan en esas instalaciones. La cesión de un espacio a un club que no cumple la LOPIVI puede generar responsabilidad solidaria si ocurre un incidente.

Sí, y esta es una de las herramientas de política pública más eficaces disponibles. Los ayuntamientos tienen plena capacidad para incorporar requisitos de cumplimiento en materia de protección de la infancia en sus bases de convocatorias deportivas: como requisito de acceso, como criterio de puntuación, o como obligación ligada a la concesión.

Esta palanca es especialmente poderosa porque transforma la salvaguardia de una obligación abstracta en una condición económica concreta. Los clubes actúan.

La solución es relativamente sencilla: incorporar en todos los convenios de cesión una cláusula de exigencia de cumplimiento de la LOPIVI, con obligación de acreditar el sistema de salvaguardia antes de la firma y periódicamente.

• Diagnóstico: evaluación del estado de cumplimiento de los clubs y entidades deportivas del municipio.
• Marco institucional: el propio ayuntamiento adopta su sistema para las actividades que organiza directamente.
• Acompañamiento a los clubes: formación compartida, recursos y materiales, asesoramiento técnico.
• Palancas normativas: incorporación de requisitos en convenios, subvenciones y cesiones de uso.
• Comunicación a familias: hacer visible el compromiso del municipio con la protección de sus menores deportistas.
• Evaluación y mejora continua: indicadores de impacto, revisión periódica, participación de jóvenes y familias.

Un programa de «deporte seguro» es el conjunto de acciones, recursos y estructuras que un municipio o entidad deportiva pone en marcha para garantizar que sus actividades con menores cumplen los estándares de protección.

Coste orientativo: un diagnóstico inicial para un municipio pequeño (5-10 clubes) puede situarse entre 2.000 y 5.000 €. El diseño e implantación completa para un municipio de tamaño medio puede requerir 8.000-20.000 € en el primer año. El mantenimiento anual es significativamente menor.

Estos costes deben compararse con el coste real de no actuar: un solo incidente mal gestionado puede suponer daños reputacionales, legales y económicos que los superan varias veces.

Sí, cualquier municipio puede permitirse un sistema básico pero operativo. Un sistema mínimo viable incluye: una persona formada como referente municipal, protocolos claros por escrito, verificación de antecedentes, un canal de comunicación accesible y comunicación clara a las familias.

• Indicadores de proceso: porcentaje de clubs con Delegado de Protección designado y formado; porcentaje del personal verificado; número de formaciones realizadas.
• Indicadores de cultura: encuestas a menores sobre percepción de seguridad; nivel de conocimiento de familias sobre la figura de referencia y el canal de denuncia.
• Indicadores de respuesta: tiempo de respuesta ante incidentes; calidad de la gestión de los casos comunicados.

El movimiento está creciendo en España, aunque de forma desigual por territorios. El País Vasco, Cataluña, Galicia y la Comunitat Valenciana tienen experiencias más avanzadas en programas territoriales de protección de la infancia en el deporte.

Ser de los primeros en un municipio o comarca en tener un programa activo no es solo una responsabilidad: es también una oportunidad de posicionamiento político y de comunicación que los municipios más proactivos están aprovechando.

No existe una lista única que garantice que algo está pasando. Pero hay cambios que, cuando aparecen de forma repentina y sostenida, merecen atención:

• Resistencia o miedo a ir a los entrenamientos, cuando antes le gustaban.
• Cambios de humor inexplicables relacionados con determinadas personas o situaciones.
• Retraimiento, tristeza persistente o irritabilidad inusual.
• Síntomas físicos sin causa médica: dolores de cabeza o estómago frecuentes.
• Dificultades para dormir, pesadillas o regresiones en el comportamiento.
• Reticencia a hablar de lo que pasa en el club o reacciones desproporcionadas al preguntarle.

Ninguno de estos signos es prueba de nada por sí solo. Pero son señales de que vale la pena abrir una conversación, con calma y sin presión.

• Cambios emocionales: tristeza sin explicación, ansiedad nueva, irritabilidad o agresividad que no encajan con su forma de ser habitual.
• Cambios conductuales: retraimiento social, pérdida de interés en actividades que antes le gustaban, comportamientos regresivos.
• Cambios en el lenguaje: expresiones nuevas de carácter sexual inapropiadas para su edad, o silencio muy marcado sobre determinadas personas.
• Cambios en la relación con el deporte: resistencia a ir, miedo a estar en espacios concretos como vestuarios o el despacho del entrenador.

Todos los niños tienen días en que no quieren ir a entrenar. Lo que merece atención es cuando la resistencia:

• Es sistemática y se mantiene más de dos o tres semanas de forma continuada.
• Viene acompañada de otros cambios de comportamiento.
• Se intensifica al acercarse el momento de ir, o al mencionar personas o espacios concretos.
• El menor muestra alivio desproporcionado cuando no tiene que ir.

La respuesta más eficaz es sentarse con el menor en un momento tranquilo y preguntar de verdad: «¿Hay algo que te haga sentir mal cuando vas? ¿Hay alguien que te trate de una manera que no te gusta?» Y escuchar sin interrumpir.

Es normal y esperable: que el entrenador conozca bien a los menores; que haya afecto, reconocimiento y apoyo emocional; que se comunique con las familias sobre el progreso.

No es normal y debe generar alerta:

• Contacto directo y privado por mensaje sin conocimiento de la familia.
• Regalos, privilegios especiales o atención exclusiva sin justificación deportiva.
• Citas a solas fuera del contexto del club.
• Pedir al menor que «no cuente» ciertas cosas a sus padres.
• Contacto físico en zonas íntimas bajo cualquier pretexto.

La regla más sencilla: si algo te hace sentir incómodo/a, aunque no puedas explicarlo racionalmente, merece atención. La incomodidad intuitiva tiene valor.

Lo primero es hablar con tu hijo o hija, con calma, en un entorno privado y seguro, sin presión ni dramatismo. Escucha sin interrumpir y sin dudar de lo que cuenta.

• Contacta con el Delegado de Protección del club, si lo tiene designado.
• Si la persona implicada es el propio Delegado, o si no tienes confianza en acudir al club, dirígete a los Servicios Sociales de tu municipio o a la Policía / Guardia Civil.
• Llama al 116 (Línea de Atención a la Infancia, gratuita, 24 horas) para orientación y apoyo.
• Si hay riesgo inmediato para el menor, llama al 112.

No tienes que estar segura/o para dar el primer paso. Tu función no es investigar: es proteger y comunicar lo que sabes a quienes tienen la responsabilidad de actuar.

Sí. La denuncia no es una condena. Es una comunicación a las autoridades para que ellas puedan investigar. El sistema judicial distingue entre denunciar y juzgar.

La evidencia científica es unánime: la demora en denunciar —por incertidumbre, por miedo a equivocarse— es uno de los factores que más favorece que el abuso continúe y que los daños se agraven.

• El canal de denuncias del club (si cumple la LOPIVI) debe permitir comunicaciones anónimas con garantías técnicas reales.
• Los Servicios Sociales aceptan comunicaciones anónimas sobre situaciones de posible riesgo para menores.
• La Policía y la Guardia Civil permiten realizar denuncias sin identificación obligatoria.
• El 116 (Línea de Atención a la Infancia) admite llamadas anónimas.

La denuncia de buena fe, basada en indicios razonables, aunque la investigación no encuentre evidencias suficientes, no tiene consecuencias para quien denuncia.

No. La comunicación directa y privada entre un entrenador adulto y un menor por aplicaciones de mensajería es una de las señales de riesgo más claras y mejor documentadas en los protocolos de salvaguardia deportiva.

La comunicación entre técnicos y menores debe realizarse por canales conocidos y supervisados por la familia, sin mensajería privada directa, y referirse exclusivamente a asuntos deportivos pertinentes.

Esta es una señal de alarma que merece atención inmediata.

Dentro de los patrones identificados de grooming, la «especialización» de la relación —hacer sentir al menor que es distinto, que hay una conexión especial— es una de las primeras fases del proceso de manipulación.

La regla de oro: cualquier adulto que trabaje con menores debe ser igualmente amable y atento con todos. La «especialización» de la relación con uno solo es, en sí misma, una señal que justifica vigilancia.

La evidencia científica en psicología del deporte desmonta de forma contundente el mito del «entrenador duro que forja campeones». Los estudios muestran que los entornos de apoyo producen mejores resultados a largo plazo que los entornos de miedo y humillación.

La dureza y la exigencia son valores positivos en el deporte. La humillación, el insulto y el miedo como herramientas de motivación son violencia psicológica, independientemente de los trofeos que haya ganado el equipo.

• Con niños pequeños (5-9 años): «Tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarte sin tu permiso. Si alguien te pide guardar un secreto que te hace sentir mal, puedes contárnoslo a nosotros.»
• Con preadolescentes (10-12 años): hablar de relaciones de confianza, de la diferencia entre un adulto que cuida y uno que cruza límites, de los canales a los que acudir.
• Con adolescentes (13-17 años): la conversación puede ser más directa: hablar del grooming, los patrones de manipulación, sus derechos como deportistas.

En todos los casos, lo más importante es que el menor sepa que nunca será culpado por lo que le pase y que siempre habrá un adulto de confianza a quien acudir.

• Comunicación: solo por canales conocidos por la familia. Sin mensajería privada directa. Sin comunicaciones en horarios nocturnos salvo urgencia justificada.
• Contacto físico: apropiado para la disciplina deportiva, siempre explicado y consciente. Nunca en zonas íntimas. Siempre en presencia de otros adultos cuando sea posible.
• Espacios: no estar a solas con un menor en espacios cerrados sin que un segundo adulto esté informado o presente. La puerta debe permanecer abierta.
• Regalos y favoritismos: no dar regalos personales a menores individuales ni establecer relaciones de privilegio no justificadas deportivamente.

Estos límites no son restricciones a la afectividad: son la estructura que protege al menor y también al propio profesional.

Lo que sí está permitido: grupos de WhatsApp del equipo en los que también participen los padres o tutores; comunicaciones a través de los canales oficiales del club; comunicación directa con los padres sobre asuntos del menor.

Lo que no es aceptable: conversaciones privadas entre el entrenador y el menor sin conocimiento de la familia; mensajes en horarios nocturnos; solicitud de fotos o vídeos al menor por canales privados; relaciones personales a través de redes sociales fuera del ámbito deportivo.

Una conducta inapropiada es aquella que, sin llegar a constituir abuso en sentido estricto, cruza los límites establecidos por los códigos de conducta y puede suponer el primer paso hacia situaciones más graves. Ejemplos:

• Hacer comentarios sobre el cuerpo de un menor más allá de lo necesario para la práctica deportiva.
• Relacionarse con los menores en redes sociales de forma personal.
• Comparar negativamente a un menor con sus compañeros de forma reiterada.
• Usar el humor sarcástico de forma que el menor no pueda distinguir si es un insulto.
• Excluir sistemáticamente a un menor de actividades sin justificación deportiva.

Sí. La LOPIVI establece para los profesionales que trabajan en entornos con menores una obligación específica de comunicar situaciones de sospecha a las autoridades competentes. Esta obligación se denomina «deber de comunicación cualificado» y es más exigente que la obligación general de cualquier ciudadano.

El proceso correcto: comunicarlo al Delegado de Protección del club; si la persona implicada es el propio Delegado, comunicarlo directamente a Servicios Sociales o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No investigar por tu cuenta ni confrontar al compañero sospechoso.

• Escucha sin interrumpir. Deja que el menor termine de contar lo que quiera. No hagas preguntas directivas.
• Muestra calma y credibilidad. Dile que ha hecho bien en contártelo y que vais a buscar ayuda juntos.
• No prometas confidencialidad total. Tienes la obligación de comunicarlo a las personas responsables.
• Comunícalo inmediatamente al Delegado de Protección del club.
• Escribe lo que el menor te ha dicho, con sus palabras exactas, lo antes posible.
• No investigues ni confrontes. No es tu responsabilidad: es la de las autoridades competentes.

Apártalo del grupo con discreción. Dale espacio y tiempo: no intentes que «se calme ya». Habla en voz baja y con calma. No lo toques sin su permiso salvo que haya riesgo físico. Si el llanto es persistente o la angustia intensa, avisa a otro adulto del club y, si es necesario, contacta con la familia.

Evítalo siempre que sea posible. Vestuarios y vehículos son dos de los espacios de mayor riesgo en todos los mapas de riesgo de salvaguardia deportiva.

Vestuarios: nunca entrar cuando los menores estén cambiándose salvo necesidad justificada y con otro adulto informado. Anuncia tu presencia desde fuera y deja la puerta abierta.

Vehículos: evita transportar a un menor a solas. Si no hay alternativa, informa a la familia previamente y deja constancia en el club.

Estas normas no solo protegen al menor: también te protegen a ti como profesional en caso de acusaciones infundadas.

Si recibes una acusación: no confrontes directamente a quien te acusa; comunícalo inmediatamente al Delegado de Protección; documenta todo lo que recuerdes; coopera con el proceso interno; solicita apoyo legal si la situación escala. Tienes derecho a defensa.

• Claridad de límites: cuando los límites están escritos y son conocidos por todos, es mucho más difícil que haya malentendidos.
• Proceso justo: establece cómo se investigan las comunicaciones, con qué garantías de confidencialidad y con qué criterios de decisión.
• Respaldo institucional: cuando el club tiene protocolos y tú los has seguido, tienes la cobertura de haber actuado conforme a las normas.
• Paz mental: saber exactamente qué puedes y qué no puedes hacer reduce el estrés profesional.

La LOPIVI establece que todo el personal de entidades que trabajan con menores debe recibir formación inicial y continua. Esta formación no es opcional.

Los contenidos mínimos: marco legal aplicable (LOPIVI, códigos de conducta); tipos de violencia y señales de alerta; protocolo de actuación interno; código de conducta y límites en la relación con menores; gestión de la comunicación digital.

La formación puede impartirla organizaciones especializadas en protección infantil (UNICEF, Save the Children, Plataforma de Infancia) o consultoras especializadas como AdSalvus. Debe documentarse: certificado, fecha, contenidos y participantes. Esa documentación es parte del expediente de cumplimiento de la LOPIVI.

AdSalvus es una consultora especializada en compliance y salvaguardia para organizaciones que trabajan con menores, con base en Barcelona. Trabajamos con clubes deportivos, federaciones, municipios, academias y plataformas digitales en España y en entornos internacionales.

Lo que hacemos: diagnósticos de cumplimiento LOPIVI; diseño e implantación de sistemas de salvaguardia; canal de denuncias RGPD-compliant; formación para equipos técnicos, directivos, voluntarios y familias; acompañamiento y actualización continua; auditorías para entidades con presencia multijurisdiccional.

Una asesoría jurídica te dirá qué dice la ley y qué documentos necesitas para cumplirla en papel. Eso tiene valor, pero no es suficiente.

Un protocolo que nadie lee no protege a nadie. Un Delegado de Protección sin formación ni tiempo real es solo un nombre en un organigrama. Un canal de denuncias que genera desconfianza no recibe denuncias.

Nuestro enfoque combina rigor legal (LOPIVI, RGPD, Ley 2/2023, estándares FIFA/UEFA/COI) con comprensión del contexto deportivo real y orientación a la práctica: diseñamos sistemas que la gente usa, que se entienden y que realmente protegen.

Trabajamos en ambos ámbitos. Nuestra base es España, con experiencia acumulada con clubes, federaciones y municipios en diferentes comunidades autónomas.

Para proyectos internacionales, contamos con red de colaboradores en las jurisdicciones más relevantes. También trabajamos con organizaciones del Reino Unido bajo UK GDPR, Online Safety Act, Children Act e ICO Age Appropriate Design Code.

• Clubes deportivos de base (hasta ~200 menores): diagnóstico inicial desde 800 €; implantación completa desde 2.500 €; mantenimiento anual desde 800 €/año.
• Municipios (programa con varios clubs): diagnóstico del ecosistema desde 2.000 €; programa completo desde 6.000 €; mantenimiento anual desde 1.500 €/año.
• Federaciones y organizaciones de mayor escala: presupuesto específico tras diagnóstico inicial.

Contáctanos para una primera consulta sin coste y una propuesta ajustada a tu realidad.

El diagnóstico incluye: revisión de documentación existente; entrevistas con responsables clave; evaluación del grado de cumplimiento de la LOPIVI en cada uno de sus requisitos; identificación del mapa de riesgos específico de la organización; e informe de resultados con valoración por áreas y hoja de ruta priorizada.

El diagnóstico no te compromete a seguir trabajando con nosotros. Pero las organizaciones que lo hacen entienden exactamente qué necesitan y por qué.

• Sistema básico para un club de base: 6-10 semanas desde el inicio del trabajo.
• Programa municipal completo: 3-6 meses para la fase de diseño e implantación.
• Auditoría para organización de mayor complejidad: 8-12 semanas para la fase de auditoría.

Sí. Creemos que es mejor un sistema pequeño y real que un sistema grande y de papel. Las formas de empezar: el diagnóstico inicial como primer paso, la formación del Delegado de Protección como intervención mínima viable, o el diseño del protocolo de actuación como documento base.

Hemos trabajado con municipios en el diseño de programas de deporte seguro, clubes deportivos de base, academias de fútbol formativo con presencia internacional, plataformas digitales deportivas y organizadores de torneos y eventos con menores.

Por razones de confidencialidad, no publicamos los nombres de nuestros clientes sin su consentimiento explícito. Si quieres referencias directas, podemos facilitarte el contacto con organizaciones dispuestas a compartir su experiencia.

Un canal de denuncias es un mecanismo mediante el cual cualquier persona —un menor, una familia, un entrenador, un voluntario— puede comunicar una situación de preocupación, sospecha o incidente relacionado con la seguridad de los menores o el cumplimiento normativo de la entidad.

El canal sirve para: dar voz a quien normalmente no la tiene; detección temprana de señales de alerta antes de que se conviertan en incidentes graves; cumplimiento legal (LOPIVI y Ley 2/2023); y generación de confianza en el entorno deportivo.

• LOPIVI (art. 31 y ss.): las entidades que trabajan habitualmente con menores deben disponer de canales de comunicación interna adecuados para recibir y gestionar comunicaciones sobre posibles situaciones de violencia, abuso o explotación.
• Ley 2/2023 de protección del informante: obliga a las entidades del sector privado con 50 o más personas trabajadoras a disponer de un sistema interno de información.

A fecha de 2025-2026, la obligación ya es exigible para la práctica totalidad de las organizaciones que trabajan con menores, independientemente de su tamaño.

Sí, siempre que el canal esté correctamente diseñado. Un canal correctamente implementado bajo el RGPD y la Ley 2/2023 debe garantizar:

• Anonimato técnico: que no sea posible identificar al denunciante a través de los metadatos (dirección IP, cookies). Requiere servidores en la UE.
• Protección frente a represalias: la Ley 2/2023 establece protección específica para quienes informan de buena fe.
• Código de seguimiento: el denunciante recibe un código único para consultar el estado de su denuncia sin identificarse.

La gestión es responsabilidad del Delegado de Protección o del responsable del canal, que debe reunir: independencia suficiente para actuar sin presión institucional, formación específica y discreción absoluta.

El proceso: (1) Recepción con acuse de recibo y código de seguimiento. (2) Evaluación inicial. (3) Investigación con contraste de información. (4) Decisión y tipo de acción. (5) Derivación a Servicios Sociales, Policía o Fiscalía si la gravedad lo requiere. (6) Registro confidencial de todo el proceso.

El principio rector es la minimización: solo se deben recoger los datos estrictamente necesarios para la finalidad para la que se solicitan.

Datos habitualmente necesarios: identificación del menor; datos de contacto de los tutores legales; datos de salud relevantes para la práctica deportiva; imagen (si se van a utilizar fotografías o vídeos).

Cómo deben tratarse: con base legal explícita (consentimiento de los tutores para menores de 14 años); información clara sobre qué datos se recogen, para qué y cuánto tiempo; medidas de seguridad adecuadas; eliminados cuando ya no sean necesarios.

Sí, siempre. La imagen es un dato personal protegido por el RGPD y por la LO 1/1982. Para filmar o fotografiar a menores se necesita consentimiento expreso de los tutores legales para menores de 14 años; a partir de 14 años, el propio menor puede prestar su consentimiento.

El consentimiento debe ser informado (para qué se usarán las imágenes), específico (no vale un genérico «para cualquier uso») y revocable en cualquier momento.

Las imágenes de menores en vestuarios, duchas o cualquier zona íntima están absolutamente prohibidas, independientemente del consentimiento.

Una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD o DPIA) es un proceso de análisis que el RGPD obliga a realizar antes de poner en marcha tratamientos de datos que puedan suponer un riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas.

En el contexto de las organizaciones deportivas con menores, es obligatoria o muy recomendable en: implementación de un canal de denuncias; uso de videovigilancia en instalaciones con menores; tratamiento de datos de salud de menores; plataformas digitales que perfilen usuarios menores.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene guías y herramientas disponibles en su web para facilitar este proceso.

• Las fotos de menores en grupos de WhatsApp no deben compartirse sin consentimiento de todos los tutores de los menores que aparecen identificables.
• Los grupos deben tener acceso controlado: solo los tutores directos del menor.
• Los grupos de WhatsApp no son un canal apropiado para comunicar información sensible sobre incidentes o situaciones de protección.